Durante su conferencia matutina del el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el nombre, el correo electrónico y el teléfono de Natalie Kitroeff, periodista del New York Times. Esto se dió después de que esta lo cuestionó sobre una investigación del diario estadounidense que lo vinculaba con el narcotráfico. Analizamos la compleja situación.
El reportaje
El New York Times publicó el 22 de febrero de 2024 un reportaje titulado “EE. UU. indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México”. Este se enfoca en una investigación estadounidense relacionada al potencial contacto del presidente mexicano con grupos del crimen organizado durante su carrera política.
¿Y la respuesta del presidente?
La reacción al reportaje se dio al día siguiente, en su conferencia matutina, López Obrador mostró el cuestionario que le había enviado la periodista Natalie Kitroeff. El mandatario leyó algunas de las preguntas y dio a conocer el nombre, el correo electrónico y el teléfono de la periodista; asegurando que era su derecho de réplica. Aprovechando el momento, el presidente también acusó al New York Times de ser un medio conservador y de estar al servicio de los intereses de Estados Unidos.
Reacciones de todo el mundo
Los vecinos de arriba
Ante esta situación la Casa Blanca se pronunció criticando la actitud del mandatario López Obrador. Reiteró que no apoyaba la exposición de los datos personales de la periodista recalcando la ilegalidad de ello de acuerdo a las leyes mexicanas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó que creían en la libertad de prensa y que era importante que la misma pudiera informar libremente sin sentirse acosada o atacada.
¿Y otros medios?
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y otras organizaciones de defensa de la libertad de expresión condenaron la filtración calificándola de preocupante e inaceptable. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La CPJ también mencionó que, en lo que va del mandato de López Obrador al menos 43 periodistas han sido asesinados. Finalmente, pidió al presidente que respetara el trabajo de la prensa y que garantizara la seguridad de los periodistas.
De igual manera, el INAI ha comenzado una investigación respecto a la legalidad de los actos de López Obrador.
Por su parte, el mandatario respondió a las críticas en las «Mañaneras» consecuentes en las que llegó a comentar: «Si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, otro número y ya.«
La protagonista del cuento.
Natalie Kitroeff, la periodista afectada, dijo en una entrevista con W Radio que la filtración de su número de teléfono era parte de su trabajo y que no le tenía miedo al presidente. Añadió que el reportaje del New York Times estaba basado en documentos oficiales y entrevistas a fuentes confiables, reiterando que no tenía intención de difamar al presidente.
Este caso ha sido un hecho sin precedentes en la historia reciente de México, y ha generado una fuerte polémica. La opinión pública está dividida. Algunos consideran que el presidente actuó de forma autoritaria e irresponsable, violando la ley y los derechos humanos. De igual manera se ha mencionado potenciales consecuencias negativas para la imagen de México en el exterior y para la relación con Estados Unidos.
Otros opinan que López Obrador ejerció su derecho de réplica y que el New York Times hizo un reportaje tendencioso y sin sustento. Consideran que su fin es desestabilizar al gobierno en plena época de campañas electorales para nuestro país.
El meollo del asunto
Lo que es indudable es que la filtración de los datos de la periodista ha sido un atentado contra la libertad de prensa y la protección de datos personales. Mismos que son principios fundamentales para el ejercicio democrático y el respeto a la dignidad humana.
Divulgar datos personales sin consentimiento y con fines de intimidación o represalia es una práctica que no se debe tolerar ni justificar. Los periodistas tienen el derecho y el deber de informar sobre temas de interés público, sin temor a ser amenazados o agredidos. Los gobernantes tienen la obligación de respetar y garantizar ese derecho.
