Hoy se cumple un mes del enfrentamiento entre estudiantes y grupos porriles frente a la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la tensión todavía se respira en la Máxima Casa de Estudios.  

Profesores y alumnos exigen medidas para evitar que se repita un escenario como el registrado el pasado 3 de septiembre, cuando una huelga pacífica de alumnos del CCH Azcapotzalco fue atacada por sujetos armados con bombas molotov, palos y navajas. El saldo fue de 14 heridos. 

En respuesta a aquella agresión, más de 38 planteles pertenecientes a la UNAM, entre facultades y escuelas, se fueron a paro, organizaron asambleas y se elaboró un pliego petitorio a la Rectoría.

Además, el 5 de septiembre, alrededor de 30 mil estudiantes y profesores de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana se unieron en una marcha para demandar al Rector Enrique Graue un alto a la inseguridad dentro de las instalaciones universitarias. 

 

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En paralelo, las autoridades empezaron la búsqueda de los responsables. Estas indagatorias, hasta el momento, han permitido la presentación de 15 personas ante un juez y la expulsión de 26 individuos de la institución educativa. 

Pero, ¿qué llevó a la UNAM a este punto? El profesor Dante Bello, egresado de la Universidad Iberoamericana y docente de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria, explicó que este tipo de choques violentos no son un fenómeno nuevo, sino que llevan años sucediendo, sin que se les haya marcado un alto.

“Entran grupos porriles a Rectoría a hacer un espectáculo terrible y no se sabe quién ni cómo, no hay ninguna respuesta por parte de las autoridades” sentenció el docente.

 

Un problema con historia

La aparición de estos grupos de choque se remonta a la década de 1940, con la llegada de Rudolfo Brito Foucher a la rectoría de la UNAM, quien los contrataba como guardaespaldas juveniles. Pero fue en la década de los 70 cuando estos grupos se fortalecieron. 

Los “porros” fueron promovidos y financiados por autoridades tanto gubernamentales como universitarias, explicó el investigador de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón Hugo Sánchez Gudiño. 

Aunque algunos de sus integrantes se identifican como anarquistas, la mayoría no tiene ideología alguna, y solo se dedican a golpear e intimidar a alumnos, añadió el académico. 

Para 2004, ya existían 19 grupos de choque que operaban impunemente en la Máxima Casa de Estudios, entre ellos, la Porra de Estudiantes Universitarios, Los Cuervos, 3 de marzo, la Federación de estudiantes de Naucalpan y 32. 

 

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Estos tres últimos fueron los ejecutores del ataque del 3 de septiembre en Rectoría, según informó la propia UNAM. 

Pese a que algunos de los jóvenes agresores estudiaban en las escuelas o planteles dependientes de esta universidad, detrás de ellos hay personajes ajenos a la misma, aseguró el profesor Dante Bello. 

“Todo esto (los enfrentamientos) ha llevado a que haya una criminalización del estudiante, desde Tlatelolco, Ayotzinapa, la huelga del 99. Nos queda claro que hay intereses externos a la universidad que se están manejado de manera oscura”, agregó el académico. 

 

Autonomía en la mira

De acuerdo con los docentes y alumnos entrevistados, uno de los posibles motivos para explicar el ataque porril de septiembre está el interés de algún grupo por influir en el actual debate sobre la autonomía universitaria.   

Este tema volvió a la palestra pública por el aumento de la inseguridad en la UNAM  y la aparición de voces que reclaman el actuar, dentro de la Máxima Casa de Estudios, de órganos policiales externos, para facilitar la resolución de los delitos.  

La autonomía fue otorgada a la UNAM en 1929 durante el Gobierno de Emilio Portes Gil, y está garantizada en el artículo 3° de la Constitución: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas”.

 

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Esta facultad y responsabilidad de autogobierno incluye las labores de vigilancia para mantener el orden dentro de Ciudad Universitaria. De ahí que la casa de estudios posea su propia fuerza de seguridad, llamada Auxilio UNAM. 

Aunque los elementos de policía externos no tienen autorización de entrar a las instalaciones universitarias, dentro de las mismas sí rige el Código Penal y las diversas leyes federales. 

“La autonomía no es signo de delincuencia, ni es poder para que los directivos pongan reglas por encima de la Constitución,” añadió el docente del Filosofía y Letras Dante Bello. 

 

Un sistema cuestionado

Como parte de la autonomía universitaria, la UNAM puede elegir a su propio rector y directivos. 

La Ley Orgánica y el Estatuto General de la institución definen que estos personajes son elegidos por la Junta de Gobierno, un órgano de 15 personalidades, que, a su vez es seleccionado por el Consejo Universitario. 

Este proceso ha sido calificado como “elitista” por parte del cuerpo estudiantil, y los llamados a modificarlo han sumado al ambiente de tensión en la Máxima Casa de Estudios.  

“Estamos apostando por una democracia directa, y esperamos que las acciones de  Graue sobre tomar en cuanta la voz de los alumnos para la elección de su director se lleven a cabo, y esto le abra la puerta a la universidad a un cambio que se viene esperando desde hace años”,  dijo Dante Bello.

 

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Por su parte, Pablo Hiriart, director general de información política y social de El Financiero, ha denunciado en su columna Uso de Razón que, detrás de esta demanda de democracia hay fuerzas políticas en acción. 

“Morena va por el control de un bastión fundamental para su proyecto de nación, y que no tiene completamente en sus manos: la UNAM”, acusó el pasado 13 de septiembre. 

A un mes de aquel enfrentamiento frente a Rectoría, la mayoría de las actividades funcionan con normalidad en Ciudad Universitaria: los profesores imparten cátedra, los alumnos asisten a sus clases y los investigadores avanzan en sus proyectos. Sin embargo, detrás de la aparente calma, la tensión se asoma en flashazos: una mirada del personal de seguridad, un cartel con demandas o una consigna en la boca de un estudiante. Lo sucedido el 3 de septiembre aún está presente.