La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) agregó a Nicaragua a la lista negra violaciones a los derechos humanos, según su informe anual presentado este jueves, después de que en diciembre un grupo de expertos denunció que en la represión de las protestas se cometieron crímenes en contra de la humanidad.
«La CIDH ha seguido con especial atención el progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en particular desde el inicio de los actos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018 en el marco de la represión estatal a las protestas», dijo el organismo.
En el informe de este ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cuba y Venezuela repiten en el apartado de Estados que reprueban en el cumplimiento de los derechos humanos.
Dicha ola de manifestaciones comenzó como un movimiento contra una reforma de la seguridad social y derivó en un momento de protesta más amplio contra el gobierno. Fue duramente reprimido con un saldo de 325 muertos, dos mil heridos y 52 mil exiliados, según organismos de derechos humanos.
El organismo destacó «el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, el uso de grupos parapoliciales o grupos de choque con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales».
También denunció la obstaculización de la atención médica a los manifestantes, detenciones arbitrarias de jóvenes que participaron en protestas, campañas de estigmatización, medidas de censura y amenazas contra líderes de movimientos sociales y la»falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos».
En junio, la CIDH articuló el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) con el objetivo de mantener en terreno el monitoreo de la situación de los derechos humanos, y después anunció la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargado de apoyar las investigaciones de las muertes.
En el informe final el GIEI señaló que entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, en Nicaragua «se realizaron conductas en el contexto de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad».
Con respecto a Venezuela, la Comisión constató que durante el 2018 «se han agravado las persistentes situaciones estructurales que afectan los derechos humanos de la población venezolana y que han derivado en una grave crisis política, social, y económica».
En cuanto a Cuba, la CIDH observó durante 2018 la persistencia de las vulneraciones al derecho a la libertad, a la seguridad, a la protección contra la detención arbitraria, las garantías judiciales mínimas son objeto los defensores de los derechos humanos, líderes sociales y políticos, y periodistas.