Jilotzingo es un municipio al noroeste de Toluca con poco más de 18 mil habitantes. Ocupa la parte más agreste de la región de Monte Alto y el 80 por ciento de su territorio está compuesto por áreas naturales protegidas.
A pesar de ello, desde 2015 se planean proyectos para la construcción de fraccionamientos, torres habitacionales e, incluso, un club de golf, que significarían la tala de 237 hectáreas forestales, esto es alrededor de 200 mil árboles.
Jorge Rosas y Erika Álvarez, residentes de Jilotzingo, nos hablan de cómo ha sido el proceso de urbanización en su municipio y los cambios que ha causado en la vida de la comunidad.
Antes de la llegada del proyecto, Rosas comenta que la vida de los pobladores se basaba en actividades agrícolas y forestales. Debido al origen otomí de la comunidad, sus raíces son de respeto a los guardianes del bosque, por lo que debe haber un equilibrio en el sentido de convivir y conservar la naturaleza.
Dicho equilibrio, aseguró, se vio muy afectado por las construcciones: “El propio suelo no tiene la capacidad de soportar este tipo de uso, si revisamos fichas técnicas de capacidad en los permisos de cambio de uso de suelo, debe haber excesos por la cantidad y dimensión del daño que están proyectando en estas tierras”.
La problemática no solo es ambiental, también ha causado choques entre los habitantes. Álvarez habló de un enfrentamiento poco conocido hace dos años que resultó en muertes. La habitante denunció que la policía estatal protegió a “los poderosos”, es decir, a aquellos que tomaron de manera irregular las tierras.
“Es un asunto muy turbio, el dinero justifica cualquier abuso y los lugareños no dicen los nombre de los propietarios, si los denuncias ‘te toca’”, aseguró.
Ambos coincidieron en que los propietarios del proyecto no se acercaron a la comunidad durante el proceso de urbanización y en que se han ostentado como dueños y herederos de hacendados por medio de escrituras y evidencias falsas. Los acusaron de abusar de la ignorancia de los pobladores.
Las repercusiones en los habitantes de Jilotzingo han ido en aumento.
“Originalmente no había carencia de agua”, mencionó Álvarez. “De repente, empezamos a tener problemas de agua porque los manantiales de las comunidades se empiezan a desquitar”.
“Otro peligro es el cultivo de truchas. El agua tiene que ser principalmente para consumo humano; si vienen más personas, el cultivo de truchas desaparece porque toda esa agua se destina al humano. Es una actividad económica y alimento, pero si empezamos con problemas de agua pues también atenta contra el hábitat”, denunció.
Las construcciones también han generado una mayor inseguridad en la comunidad y un sentimiento de incertidumbre.
“Se está perdiendo el territorio” dijo Rosas. “Nos sentimos aludidos porque el poder económico de los fraccionadores mueve voluntades. Nosotros así lo vemos, del lado de donde está el recurso económico, se carga la impartición de justicia y dejan a un lado la importancia de estos bosques: la generación de oxígeno y la ‘fábrica’ de agua.”
Los habitantes de Jilotzingo han tomado distintas medidas en contra del proyecto habitacional: buscaron sumarse con organizaciones internacionales como la UNESCO o la Corte Interamericana de Derechos Humanos; interpusieron distintos amparos y denuncias, y se han realizado investigaciones por parte de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Chapingo. No solo buscan frenar el proyecto, también una compensación por todo el daño que ya se ha hecho.
También se han realizado manifestaciones masivas por parte de los interesados en defender esas tierras, la unión de ejidos y los representantes de las comunidades. La más reciente fue el pasado noviembre, cuando coincidieron con organizaciones a nivel nacional en el ejido de San Luis Ayucan, en el Estado de México.
Las denuncias siguen en proceso, sin embargo, Rosas confía en que sus voces han sido escuchadas: “No tengo los datos ni los elementos para poder ligarlo, pero pienso que el amparo que se logró ante un juez federal es debido a todas las acciones que se han hecho a nivel institucional”
Dicho amparo consiguió la suspensión de la tala de árboles el pasado 31 de enero. “Estuvo muy acertado” sostuvo Rosas. “Se tendrían que revisar muy bien los permisos para derribar tanto árbol, la ley forestal es muy clara y no permite permisos de cambio de uso de suelos tan drásticos.”
